Bolivia ha asumido el reto de frenar la hasta ahora reinante impunidad en los crímenes contra las mujeres con una ley que castigará con dureza la violencia machista, tras el asesinato esta semana de una periodista a manos de su esposo policía.
El caso de Hanalí Huaycho, periodista del canal privado PAT, ha servido como revulsivo para la sociedad boliviana, que estos días se ha echado a la calle, ministras incluidas, para exigir que se ponga freno a un problema que azota a este país desde hace décadas y que no entiende de clases sociales.
Huaycho había denunciado cinco veces ante la fuerza anticrimen y una ante el Tribunal Disciplinario de la Policía a su esposo, el teniente Jorge Clavijo, por agresiones físicas y verbales, algo que no impidió que él la asesinara a puñaladas delante de su pequeño de cinco años.
El caso ha conmocionado a toda Bolivia, donde siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia y desde 2009 hasta octubre de 2012 se registraron 354 “feminicidios”, según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem).
“Una mujer es asesinada cada tres días en Bolivia y los ‘feminicidas’, en su mayoría parejas o exparejas de las víctimas, no son sancionados porque los operadores y administradores de justicia aplican las normas jurídicas con sesgos de género”, denunció el Cidem en un comunicado esta semana.
Bolivia es actualmente el país latinoamericano “con el nivel más alto de violencia física en contra de las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual”, dijo hoy a Efe la oficial nacional del Programa de ONU-Mujeres, Natasha Loayza.
Esa información fue recogida en una encuesta regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la que se incorporó un módulo sobre violencia contra las mujeres, explicó Loayza.
Señaló que estos datos “han llamado muchísimo la atención” y deben ser “un tema de prioridad de las políticas nacionales y de seguridad estatal”.
El Programa ONU-Mujer hizo en 2012 una encuesta en áreas urbanas y rurales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las tres regiones principales de Bolivia, para conocer las percepciones de las mujeres mayores de 18 años sobre sus derechos y el problema de la violencia.
Las mujeres, según este estudio, ven avances en la equidad de género en temas como la educación, empleo, salud, pero no así en la eliminación de la violencia machista.
La mayoría de las bolivianas es consciente de que la violencia es intolerable y deben ser denunciada, aunque el 88 por ciento de las encuestadas aseguró que las víctimas no denuncian “por miedo” a que sus gestiones ante la justicia queden en nada, a que sus agresores tomen represalias o que las quieran separar de sus hijos.
“Aquí hay un tema muy serio de impunidad. La impunidad está determinando que la violencia sea tan fuerte en Bolivia y que las mujeres no se animen a denunciar”, sostuvo Loayza.
Según la funcionaria, el caso de Huaycho “es emblemático” porque es una muestra de la inacción de las autoridades ante las denuncias de maltrato y de que “una mujer que denuncia violencia es una potencial víctima de ‘feminicidio’“.
Loayza remarcó que antes el “feminicidio” era catalogado como “crimen pasional” y por ello “se bajaban las penas” a quienes lo cometían e incluso había “una cierta permisividad” al respecto.
Las organizaciones que defienden la equidad de género han denunciado varias veces que la legislación penal actual tipifica el asesinato de mujeres por violencia machista como “homicidio por emoción violenta” con una pena máxima de 6 años de prisión.
“Hoy día eso ha cambiado mucho, el ‘feminicidio’ tiene nombre y apellido, es un asesinato que empieza con la violencia cotidiana”, sostuvo Loayza.
El “feminicidio” como delito es uno de los planteamientos del proyecto de “Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer” que debe debatir con prioridad la próxima semana el Parlamento boliviano por instrucción del presidente Evo Morales.
La norma fue trabajada con aportes de organizaciones que defienden la igualdad de género y plantea castigar con 30 años de cárcel sin derecho a indulto el “feminicidio”, definido como el asesinato de una mujer por su condición de mujer.
Una de las organizaciones que contribuyó al debate es la Coordinadora de la Mujer, cuya secretaria ejecutiva, Katia Uriona, pidió hoy al Gobierno garantizar los recursos financieros para aplicar la norma efectivamente y crear un Ministerio de la Mujer que vele por su cumplimiento.
Uriona dijo a Efe que la violencia contra las mujeres es un “problema estructural” y por ello, además de la norma, es necesario crear una “conciencia ciudadana de rechazo y no tolerancia” hacia ese tipo de comportamiento.
Para Loayza, la ley “no resuelve el problema en sí mismo, pero es un marco fundamental para su resolución”, por lo que coincidió con Uriona en que es necesario garantizar la financiación para su implementación.
(EFE)
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